Hipotecas y ecocnomía.

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El Gobierno pide dos años de prórroga a la banca en desahucios

La medida se aplicará a la vivienda habitual de familias con todos los miembros en paro sin recursos adicionales

Conchi Lafraya

Madrid

El Gobierno busca medidas para frenar un problema social que va a más: el de los desahucios. Ayer, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anunció en el Congreso que se va a crear un código de buenas prácticas y la implementación de medidas legales para mitigar el problema. La adhesión de las entidades financieras a las nuevas medidas, en cualquier caso, será voluntaria.

Entre los cambios normativos que anunció Guindos, destacan tres. El primero es redefinir el colectivo incluido en el umbral de exclusión social, si bien el punto de partida es claro: familias con todos sus miembros en paro y que hayan agotado el cobro de prestaciones; también, que la vivienda objeto de ejecución sea primera y única residencia. El segundo: promover mejoras en los procedimientos de ejecución, ya que hasta ahora la dación en pago no saldaba el crédito hipotecario. Con esta medida se persigue que el precio de la vivienda ejecutada sea lo más alto posible. El tercer cambio normativo es reducir los intereses de demora, ya que en ocasiones multiplican por cuatro los tipos de interés habituales de la banca.

El resto de propuestas lanzadas ayer por el Ejecutivo se incluirán en el mencionado código de buenas prácticas, que irán igualmente destinadas a las personas con riesgo de exclusión social.

Entre las recomendaciones para la banca, se recogerán principios como que en el caso de la ejecución el pago de capital de la hipoteca sea proporcional al número de cuotas abonadas. Esto persigue corregir la situación actual, en la que al principio de la vida de la hipoteca se pagan más intereses que capital.

También se quiere exigir a la banca que coparticipe en la insuficiencia de garantías. Es decir, que conceda préstamos por el valor de tasación, y no como hasta hace unos años, que concedía hasta el 100% del precio de la vivienda, pese a que la tasadora había fijado un valor inferior.Como contrapartida, la entidad financiera podrá deducirse fiscalmente las pérdidas registradas.

También se solicita a la banca que en caso de dación en pago se genere un periodo de carencia para el desalojo de la vivienda de dos años prorrogables. En este caso, el deudor pagaría una renta ala entidad, una especie de alquiler.

Los desahucios afectan en estos momentos a más de 150.000 personas y la banca inicia el proceso judicial cuando el hipotecado lleva tres o cuatro cuotas sucesivas impagadas. Los intereses de demora cambian en función de cada entidad financiera, pero llegan hasta el 29% (cifra que no tiene nada de excepcional). Posteriormente, se subasta la vivienda en los juzgados. Si la subasta queda desierta en tres ocasiones, el banco se la adjudica por el 60%del valor de tasación, siempre que sea vivienda habitual. Después, llega el desahucio. Este proceso dura entre seis meses y un año.

“La mayoría de las veces la entrega de la vivienda por desahucio no salda la hipoteca”, explica el coordinador del Observatorio de la Vivienda del Consejo General del Notariado, José Ignacio Navas. Esta realidad se traduce en que muchas familias se quedan sin vivienda pero están obligadas a seguir pagando su crédito hipotecario durante varios años. “El valor de adjudicación de la vivienda en subasta no debería ser inferior al 85% del valor en que fue tasada para conceder la hipoteca”, apunta el notario Navas.

Desde la Asociación Hipotecaria Española (AHE) no se atreven a efectuar las primeras valoraciones de las nuevas medidas del Ejecutivo porque se encuentran en la comisión creada para buscar soluciones al problema. El pasado lunes se celebró el primer encuentro y, además de miembros de los ministerios de Economía y Competitividad y de Justicia, se citó a representantes de las patronales bancarias (AEB y Ceca), así como del ámbito inmobiliario y de las cooperativas.

En la AHE se preguntan quién va a hacer frente al pago de esos dos años de renta, mientras los propietario se encuentren sin trabajo o no tengan ingresos adicionales. Entienden que tendría que existir una “colaboración” del Estado, algo que en ningún momento citó Guindos. Una solución intermedia, explica Navas, sería “una moratoria del pago de los intereses”, hasta que la familia tenga ingresos. Luis de Guindos insistió en que la reforma persigue reducir los intereses moratorios “ya que son claramente excesivos”.

El notario Navas los tilda de “lacerantes” y se lamenta de que “los jueces se quedan impasibles cuando ven ese tipo de escrituras”. A su juicio, “nunca deberían ser superiores al interés legal”. Mientras que Lorena Mullor, portavoz de la AHE, defiende que son tan altos porque persiguen “penalizar; su objetivo es ser un elemento disuasorio para que no se produzcan impagos”.

La batería de propuestas de Guindos fue comunicada después de una pregunta de Joan Coscubiela, de Iniciativa per Catalunya-Verds, que inquirió al ministro para determinar qué medidas tenía el Gobierno para mitigar este problema social.

Barrios enteros condenados al ‘apartheid’ inmobiliario La banca acumula miles de viviendas invendibles en zonas deprimidas

ROSA SALVADOR

Barcelona

La propuesta del ministro de Economía, Luis de Guindos, puede lograr que la banca “haga de la necesidad virtud” y dé una salida a miles de viviendas imposibles de vender que entran en sus balances, procedentes de las ventas que se realizaron en el momento álgido del boom inmobiliario a inmigrantes y otros colectivos de bajos recursos y que, con la crisis, han entrado en mora de forma masiva.

“Cuando nos entra un piso en el Eixample de Barcelona, no hay problema: muchas veces no llegamos ni a ponerlo en la web porque lo vendemos entre nuestros propios clientes de banca privada”, reconocen fuentes de una inmobiliaria bancaria. “El problema es que la mayoría de nuestros adjudicados están en los barrios malos, los más degradados y con grandes concentraciones de inmigrantes: ninguna persona que ahora pueda plantearse comprar un piso se va a acercar ni a verlos”, reconocen las mismas fuentes.

Las ejecuciones hipotecarias aportan sólo una pequeña parte de los 100.000 millones de euros en activos inmobiliarios que constan en los balances de las entidades financieras, pero estos procesos son los que tienen mayor impacto social. Según las estimaciones de los expertos basadas en los datos del Consejo General del Poder Judicial, desde el inicio de la crisis la banca española ha ejecutado unas 350.000 viviendas por impago hipotecario. El resto de las cerca de 700.000 viviendas que, según la patronal de los promotores, Asprima, son propiedad de la banca procede de créditos fallidos a inmobiliarias.

Fuentes judiciales explican que la mayoría de las hipotecas que acaban en los juzgados podría considerarse subprime: se concedieron entre el 2004 y el 2007, a personas con ingresos inferiores a dos veces el salario mínimo interprofesional (1.280 euros mensuales) y tienen la mayor parte de la deuda pendiente. Esos pisos se ubican además en los barrios más desfavorecidos, que tenían precios más bajos y en los que se concentraron las compras de estos colectivos.

Así, en el 2005 y el 2006 más del 50% de las ventas de viviendas se realizaron a inmigrantes en algunas zonas de Ciutat Vella, Nou Barris o Sant Andreu, en Barcelona, y fuera de ella en Collblanc y Torrassa en l’Hospitalet de Llobregat, Badalona o Santa Coloma. La red inmobiliaria Tecnocasa, por ejemplo, vendía el 20% de sus pisos a inmigrantes latinoamericanos en el 2006, y en Expofinques alcanzaron el 25,09% a principios del 2007. Una entidad como Caja

Madrid explicaba en el 2005 que en su comunidad de origen concedía el 18% de sus nuevas hipotecas a clientes extranjeros, porcentaje que era mayor en otras cajas. Ahora estos colectivos son los más afectados por el paro y la precariedad laboral: la banca no les da créditos para poder comprar y, en las zonas donde su presencia era importante, los compradores que la banca hoy considera solventes no quieren comprar.

Este fenómeno ha acelerado la degradación de algunas zonas urbanas, que se llenan de pisos vacíos, que a veces incluso se ocupan, y ha hundido más los precios: en La Trinitat-Torre Baró-Vallbona el precio medio de venta de una vivienda era en diciembre un 45% inferior al del 2007, mientras que en el Eixample ha caído en el periodo sólo un 29%. “Tardaremos muchos años en poder vender esas viviendas”, lamenta un ejecutivo bancario.

Empleo acepta el convenio de la construcción pese a contravenir la reforma

MADRID Redacción

El Ministerio de Empleo se ha visto obligado a registrar el convenio de la construcción. El acuerdo había sido firmado por la patronal CNC con los sindicatos UGT y CC.OO. el 20 de enero antes de la aprobación de la reforma laboral y supone la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa.

El ministerio se resistió a publicarlo y advirtió por escrito a los agentes sociales que algunos aspectos del contenido del texto no se ajustaban a los cambios legislativos recientemente aprobados, conminándoles a corregirlos. En las alegaciones correspondientes, los sindicatos respondieron que se trata de un acuerdo entre las partes y, por lo tanto, si el Gobierno decidía impugnarlo debería denunciarlo ante la Audiencia

Nacional.

Los estudios jurídicos del ministerio han decidido registrarlo y, de este modo, respetar un acuerdo entre las partes porque ha sido adoptado antes de la entrada en vigor de la nueva ley.

El convenio de la construcción ha estado envuelto en una fuerte polémica desde que se inició la crisis. En el 2009, el año de mayor destrucción de empleo que en el sector alcanzó el medio millón de empleos, mantuvo una subida salarial próxima al 5%. El sector ha perdido 1,8 millones de empleos y no ha frenado aún la sangría del paro.

El acuerdo firmado entre los agentes sociales responde a una estrategia impulsada por los sindicatos para blindarse ante los cambios normativos. Los sindicatos argumentan que se trata de un sector muy atomizado con

una enorme precariedad en el empleo, y que estas características peculiares justifican un convenio paraguas.

Escepticismo sobre las medidas

BARCELONA Redacción y agencias

Las medidas anunciadas por el Gobierno fueron calificadas de insuficientes por el PSOE, los sindicatos y las plataformas de afectadosyorganización de consumidores. La patronal CECA señaló ayer que las propuestas de Luis de Guindos ya las aplicaban las cajas de ahorros, si bien pidió la eliminación de trabas fiscales y administrativas.

El portavoz parlamentario del PSOE en la comisión de economía del Congreso, Valeriano Gómez, señaló que las propuestas crean “falsas expectativas” puesto que no se obliga a las entidades financieras a acatarlas.

En una línea parecida se expresó UGT Catalunya. Por medio de un comunicado, el sindicato señaló que “no es más que un mero movimiento estético que responde a la enorme presión social”.

Por otra parte, uno de los movimientos asociativos más activos en la defensa de los desahuciados, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), afirmó que las medidas generan expectativas que no son ciertas y “falsean” la realidad. Así se expresó ayer Chema Ruiz, portavoz de la PAH. Ruiz aseguró que la propuesta “es una mentira” porque en realidad el Ejecutivo no va a legislar.

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La Vanguardia. 23 de febrero de 2012.