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SOLIDARIDAD DE PRESOS POLÍTICOS
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Francisco Martínez Hoyos
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Si la Iglesia era el principal agente legitimador del franquismo en los años cuarenta, veinte años después se había convertido en uno de sus principales quebraderos de cabeza. Los pormenores de este progresivo desenganche se han detallado en diversos estudios, pero todavía quedan facetas poco investigadas que nos muestran a unos católicos comprometidos activamente en la lucha por los derechos humanos. Este fue el caso de los que militaron en las Comisiones de Solidaridad surgidas para apoyar a los presos políticos.
palabras clave: presos políticos, franquismo, iglesia, comisiones de solidaridad
Su historia comienza en 1969, con la declaración del Estado de Excepción y la consiguiente ofensiva del régimen contra las fuerzas opositoras. Una militante cristiana que vivió aquellos sucesos recuerda que en Barcelona y alrededores fueron detenidos muchos trabajadores, pertenecientes a grandes empresas como la Pirelli, la SEAT, o la Siemens. La guardia civil se los llevaba y sus familias permanecían hasta veinte días sin conocer su paradero: «En el cuartel del barrio les decían que estaban en Vía Layetana, venían aquí y les decían que no, que estaban allí». Las esposas de los encarcelados fueron entonces a pedir ayuda a varios sacerdotes porque «la Iglesia tenía un protagonismo en la época de Franco, un poder. Por eso iban a ver hasta a un rector pobre de parroquia». (1)
Entre los encarcelados abundaban los militantes de izquierdas, de diversas tendencias, aunque el régimen acostumbraba a englobarlos a todos con el calificativo de «comunistas», para disgusto de los libertarios. Los representantes del PSUC no tardaron en contactar con la Vicaría Obrera del arzobispado de Barcelona. Su titular era Joan Carrera i Planas, un antiguo consiliario de la JOC, miembro del consejo de la Editorial Nova Terra. Hombre de simpatías democristianas, estaba considerado por la policía como un elemento sumamente peligroso: «El Rvdo. Juan Carrera Planas tiene formación y actuación de la JOC más avanzada. Muy anti-Régimen. Ha sido nombrado Vicario General para fomentar la JOC, la HOAC, y en general el apostolado obrero. Es uno de los firmantes del manifiesto clandestino del 1º de Mayo de este año». (2) Junto a él, en calidad de secretaria, se hallaba Remei Ramírez, antigua militante jocista.
La Vicaría, al depender de la Iglesia, posibilitó la reunión de un grupo heterogéneo de personas que habían participado en actos de solidaridad con obreros y estudiantes. En enero de 1969, durante una reunión de los Obispos Auxiliares y los Vicarios Episcopales de Barcelona, se creó una Comisión diocesana para «atender pastoralmente las situaciones que se deriven del actual estado de excepción». El presidente de esta comisión era Ramón Torrella, entonces obispo auxiliar y futuro arzobispo de Tarragona. Como secretario figuraba Joan Carrera. A través de esta iniciativa se pretendía difundir información, resolver las situaciones que se presentaran y, en primer lugar, ser «una presencia de la Iglesia cerca de los que sufren».(3)
Finalmente, cristianos y no cristianos fundaron las Comisiones de Solidaridad con presos políticos, primero en Barcelona y luego en toda Cataluña, hasta extenderse por 27 localidades. Algún tiempo después, estas comisiones serian el germen de la Asamblea de Cataluña.
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Un grupo heterogéneo
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Solidaridad constituía una entidad cívica abierta a todo tipo de personas, que pretendía desarrollar una actividad de apoyo a los detenidos con independencia de la ideología política o de la fe religiosa de éstos. Una de sus integrantes, Maria Antonia Pelauzy, recuerda así lo heterogéneo de su composición: «Era una plataforma abierta y unitaria en la que había gente desde perteneciente a la ETA, a partidos comunistas fragmentarios, or ganizaciones cristianas, hasta gente del PSUC». (4) Englobaba, pues, tanto a comunistas como a democristianos de la Unió Democràtica de Catalunya, socialistas del MSC (Moviment Socialista de Catalunya), carlistas y trotskistas. En palabras de Àlex Vilardell, Solidaridad fue «el primer organisme ciutadà que tenia un caràcter unitari i serví com a model en la constitució de l’Assemblea de Catalunya com a front de discussió política de caràcter democràtic». (5)
Parece claro, sin embargo, que los elementos más activos fueron los cristianos y los comunistas: «Los componentes más preocupados desde su fundación han sido en primer lugar la Iglesia y posteriormente el PSUC. Éstos han mantenido y mantienen en la actualidad el control de todos los medios». (6)
La aportación de los cristianos se efectuó a través del obispado y de diversas parroquias, como las de Sant Antoni de Llefià, Sant Sebastià de Pomar, o todas las que había en Santa Coloma de Gramenet. Entre los sacerdotes que participaron se encontraban, además del ya citado Carrera, Lluís Hernández (futuro alcalde de Santa Coloma) y Jaume P. Sayrach (hoy periodista). En cuanto a los seglares, hay que destacar organizaciones como Pax Christi o Justícia i Pau.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el dinero se guardaba en el obispado por obvios motivos de seguridad: «Desde 1969 año de la fundación de la Comisión Cívica de Solidaridad, en el obispado se guardaba la caja totalmente unitaria, tanto para recibir dinero como para repartirlo. Además, la Iglesia, a través de una persona del obispado, estaba presente de forma muy activa en el comité central». (7)
Al parecer, el arzobispo de Barcelona, Marcelo, conocía estas actividades y las toleraba a pesar de sus simpatías por el régimen. Un miembro de Solidaridad, el comunista Quim Boix, admitió que la jerarquía eclesiástica estaba enterada de lo que ocurría: «Sí, tuvimos una conversación con el obispo Marcelo y él sabía lo que hacíamos. También tuvimos otra entrevista similar con Tarancón. No pusieron problemas». (8) Así, la catedral se convirtió en un lugar de encuentro donde se intercambiaban cartas destinadas a los presos políticos, dinero para las fianzas o bolsas con alimentos.
Esta importancia de la Iglesia tenía su correspondiente reflejo en los presupuestos. Pensemos, por ejemplo, que de 1.112.419,80 ptas. que ingresó en 1971 la Comisión de Solidaridad de Barcelona, unas 459.140 habían sido aportadas por diferentes parroquias. Se trataba de una cifra bastante elocuente, que reflejaba el trabajo desarrollado por los cristianos más comprometidos.
Según Alex Vilardell, el primer grupo la asociación lo constituyeron los sacerdotes Joan Carrera y Josep Maria Vidal i Aunós, los abogados José Solé Barberá, Albert Fina, Agustí de Semir, Anton Cañellas y Antonia Pelauzy, el sindicalista de Comisiones Obreras Adoni González Mateos, el ingeniero y militante del PSUC Quim Boix, el militante de Acción Católica Obrera (ACO) Lleonard Ramírez, y la citada Remei Ramírez, hermana del anterior. (9)
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Ideas y actos
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Para los fundadores de la organización, la solidaridad era un derecho de cualquier persona maltratada, que alcanzaba su más alta expresión «cuando se ejercita respecto a quien sufriendo la injusticia es de pensamiento opuesto, pertenencia política diferente, concepción filosófica o credo religioso distinto». Por tanto, nada tenía que ver con cualquier tipo de sectarismo:
La solidaridad es por esencia antisectaria y por ello constituye fuerza propulsora de la mayor acción unitaria política, ya que facilita la convivencia entre las distintas tendencias sin exigir renuncia a ninguno de los principios peculiares. (...).
La solidaridad permite la presencia en la lucha de todas las personas de buena voluntad, cualquiera que sea su nivel político o cultural. (10)
En consonancia con estos principios, las Comisiones debían mantenerse independientes de cualquier organización política, aunque sí pudieran recabar su colaboración para tareas solidarias. Sus miembros, según los estatutos, serían «personas, sectores, núcleos, organizaciones ciudadanas que, aceptando plenamente los objetivos señalados, aporten su esfuerzo individual o colectivo ».
Para subrayar el citado carácter unitario, se insistía en que nadie debía introducir elementos diferenciadores. No se trataba de aproximar posturas diferentes, sino de trabajar en torno a objetivos aceptados por todos. De esta manera se lograría la unidad de acción, sin que nadie tuviera que renunciar a sus ideas, y tal vez que se comprometieran en el grupo personas que no formarían parte de partidos políticos.
La finalidad genérica era luchar contra «la violación permanente de los derechos de la persona» y ser instrumentos «de acción contra la represión en todos sus aspectos ». Más en concreto, Solidaridad se formulaba los siguientes objetivos: 1) Disponer de información exacta sobre la situación de todos los represaliados políticos y sociales. Dentro de la Comisión Central, encargada de coordinar las que existían en los barrios, existía un grupo de trabajo dedicado a las cárceles. Su trabajo consistía en saber cuántas personas estaban detenidas en cada momento, dónde estaban, de qué se les acusaba o qué abogado les defendía. 2) Ayudar a los represaliados y a sus familias de forma económica, jurídica y humana, así como facilitarles las medidas de seguridad que necesitaran. 3) Informar la opinión pública de la represión, silenciada sistemáticamente por los medios informativos oficiales, y de las actividades que frente a ella realizaban las Comisiones. Por tanto, los presos políticos estaban entre los destinatarios de su acción, pero también las víctimas de otro tipo de represión, como los trabajadores despedidos por la empresa a causa de una reivindicación laboral.
La solidaridad podía ejercerse de distintas maneras, bien ayudando a los detenidos durante el encarcelamiento o en el momento de abandonar la prisión, bien ayudando a las familias que quedaban en una situación económica precaria, bien a los despedidos, sancionados o en huelga por motivos laborales.
Otra posibilidad era proporcionar a los detenidos paquetes con alimentos, comidas, medicinas o libros, que se podían entregar directamente en las cárceles o bien enviar por correo. Solidaridad aconsejaba la utilización de bolsas de plástico con una etiqueta de papel atada. En ella debía figurar el nombre, el apellido y la galería del preso, si bien este último dato no resultaba imprescindible. En cuanto al contenido, se indicaba que los reclusos solicitaban tabaco, yogurt, chocolate, miel, azúcar, sal, fruta, lechugas, conservas y otros productos alimenticios.
Además de libros y comida, los presos necesitaban dinero. Sólo podían gastar 500 ptas. a la semana, pero todo lo excediera de este límite podían depositarlo en un banco. Por ello, Solidaridad aconsejaba el envío de 500 ptas. por preso y mes. Para animar a la población a efectuar este tipo de gestos, la Comisión hacía hincapié en el deber social de ayudar al represaliado. Un primer paso para lograr este tipo de apoyos consistía en vencer el miedo de la gente, en un momento en que la dictadura daba sus últimos coletazos. (11)
De todo ello queda constancia en las relaciones de ingresos y gastos elaboradas por el «Grupo Económico» de Solidaridad. Entre julio y agosto de 1975, por ejemplo, 35.000 ptas. se destinaron a trabajadores de la empresa Motor Ibérica, 5.000 a «dos detenidos», 23.000 a gente del País Vasco, 2.000 para la ropa de un preso, etc. Al año siguiente, encontramos 407.819 ptas. con destino a las familias de los presos políticos de Terrassa, recaudadas entre el dos de enero y el diez de abril. Parte de este dinero, 75.000 ptas., se empleó en pagar fianzas. Poco después, entre el 17 de abril y el 31 de agosto, las cantidades entregadas a estos mismos presos ascendían a 1.024.320 ptas. En la lista de donantes figuran «un religioso de Barcelona», el «Centro Catequístico Sant Nebrudi», feligreses de la parroquia de Montserrat, la par roquia del Santo Espíritu o un «obrero sacerdote de Terrassa». No hay duda, pues, de la sensibilidad de los católicos más abiertos hacia el tema de los presos.
Pero la solidaridad no se acababa, ni mucho menos, en el desembolso monetario. Existía una amplia gama de opciones, como ofrecer alojamiento permanente a los buscados por la policía, o sólo lugares para dormir y comer; facilitar la salida del país; visitar a los detenidos y a sus familias; llevar a la familia del encarcelado a visitarle; informar sobre medidas de seguridad para evitar la represión; facilitar atención médica a familias de encarcelados cuando el padre perdía el derecho a la Seguridad Social; o contactar con médicos particulares que atendieran de urgencia a los heridos durante manifestaciones o fugas de prisión.
Para concienciar a la opinión pública del drama de los presos políticos, así como de las acciones represivas en general, Solidaridad editaba un boletín clandestino en el que encontrábamos abundantes denuncias de las violaciones de los derechos humanos. Como muestra, un botón: «La Comisión de Solidaridad de Barcelona denuncia enérgicamente la escalada de la represión franquista contra todos aquéllos que de una u otra manera se enfrentan al régimen exigiendo las libertades. Denuncia especialmente las palizas, los malos tratos, las torturas aplicadas sistemáticamente en los interrogatorios de la Dirección General de Seguridad, Comisarías de Policía y Cuarteles de la Guardia Civil» (12. )(Los subrayados son del original).
No todas las denuncias eran así de genéricas. En muchas ocasiones encontramos casos y detalles concretos. Se critica a la cárcel Modelo de Barcelona, por ejemplo, por las insuficiencias de la asistencia médica y lo incomestible de los alimentos, pero también por los tratos vejatorios recibidos por los presos. Como palizas a altas horas de la noche para castigar pequeñas faltas como juegos prohibidos. Los presos políticos también eran víctimas de esta violencia: «A uno le reventaron un oído, a otro le rompieron los dientes y muchos tuvieron hemorragias a causa de los golpes recibidos por sospechas de haber gritado».
En otras ocasiones encontramos información con nombres y apellidos. Un boletín, por ejemplo, señala que en Sabadell estaban cumpliendo condena Juan Merino, Juan Zapata, Manuel Morante, Manuel Sánchez Marí y Jerónimo Vázquez. En otra ocasión, se informa de que los estudiantes barceloneses Zayas, Badell, Albuixech y Argullol han sido juzgados por el Tribunal de Orden Público, acusados de asociación y propaganda ilegal. También sabemos que el fiscal pidió veinte años para un tal Juan Millán, al que se hacía responsable de una propaganda anarquista.
De la confección del boletín se encargaba uno de los grupos de trabajo de Solidaridad. Los otros organizaban colonias para los hijos de los represaliados, o se encargaban del material (pósters, cancioneros, cerámicas) utilizado para recaudar fondos. También existían responsables de las relaciones exteriores, es decir, de mantener un vínculo con asociaciones como Amnistía Internacional. En 1976, un comité sueco de solidaridad con España entregó 37.000 pesetas para ayudar a los presos políticos y a los huelguistas españoles. De estos fondos se beneficiaron los siguientes encarcelados: Luís Burro Molina, Ramón Llorca López, Luis Andrés Edo, Ramón Carrión Conde, José Mª Huertas Clavería, José Illamola Camprodón, Mª Luz Fernández Álvarez, Domingo Umbert Mestre, Alberto Lahuerta Montoliu, Pablo de la Torre Mateo, Emilio Salinas Rosario, Enrique Conde Martínez, José Masana Martí, José Pérez Bono, Lorenzo Jurado Pérez, Carlos Rogelio Alegría Bozzio, José Rizo Tarrago, Carlos Urruitz Geli.
El grupo de prisiones buscaba asesoramiento legal. A los detenidos o condenados que lo solicitaban, Solidaridad les prestaba asistencia jurídica a través de un grupo de abogados vinculados a la organización aunque sin formar parte de ella. El beneficiado pagaba este servicio hasta donde le permitían sus recursos económicos y Solidaridad aportaba el resto. Los letrados se reunían semanalmente y se repartían el trabajo según sus especialidades o sus simpatías políticas. Una de sus tareas consistía en proporcionar a la Comisión Central datos sobre la situación de los presos.
Uno de estos abogados era Agustí de Semir Rovira, un antiguo falangista que evolucionó hacia la democracia cristiana durante los años cincuenta. Se jugó su prestigió profesional al promover una campaña en la que denunció los malos tratos que recibían los detenidos en la Jefatura Superior de Policía, y defender a militantes comunistas, socialistas y catalanistas. De esta manera se jugó su prestigió profesional, tal como reconocía un informe confidencial que destacaba su activismo antifranquista:
Como activista contrario Régimen figura que fue patrocinador de Sebastián Mallol Salellas, atracador y comunista, al que proporcionó habitación y trabajo. En 25 de octubre de 1961 dirigió una carta improcedente e irrespetuosa a un Funcionario de esta Brigada. En noviembre del mismo año figura en Diligencias núm. 4413 sobre carta intervenida al recluso José Bravo Almansa, detenido por actividades con el P.S.U. de C. En 1962 figura como asesor jurídico de la empresa «Industrias Sanitarias» siendo promotor de problemas laborales. En mayo de 1965 fue advertido de que sería detenido e ingresado en prisión si debido a su actuación y orientación se producían paros en las industrias.
En enero de 1964 figura como informante de la Comisión Internacional de Juristas, en unión de Sacristán Luzón, y firmante del escrito solicitando amnistía de presos con motivo de los veinticinco años de finalizar la Guerra de Liberación. (13)
Junto al respaldo del Colegio de Abogados, Solidaridad contaba con el apoyo de diversos artistas. Entre ellos, pintores como Albert Guinovart, que aportaban sus obras para facilitar la recaudación de fondos. También había que contar con cantantes como Lluís Llach,
Ovidi Montllor, Quico Pi de la Serra, Marina Rossell, Guillermina Motta o Paco Ibáñez, que se prestaban a colaborar en la organización de festivales.
El ámbito de actuación de Solidaridad era Cataluña, pero en el resto de España se constituyeron grupos de
solidaridad parecidos, relacionados entre sí para intercambiar experiencias. Remei Ramírez realizó diversos viajes por toda la Península con este propósito: «Una persona del PSUC y yo llevábamos los Comités de Solidaridad de Presos Políticos. Fuimos a Madrid, Zaragoza, Valencia y otras partes a iniciar esto, que se hacía dentro de las parroquias». El primer paso consistía en convencer a los sacerdotes de la necesidad de crear un grupo de solidaridad de semejantes características. Si el cura estaba de acuerdo, se dirigía a los feligreses con los que sabía que podía contar y se iniciaba una nueva Comisión.
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Problemas internos
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Tras la muerte de Carrero Blanco en atentado, el nuevo jefe del gobierno, Carlos Arias Navarro, pareció inaugurar una etapa de cierta liberalización, conocida como «el espíritu del 12 de febrero». La izquierda, sin embargo, no dio crédito a esta maniobra. Al fin y al cabo, la represión continuaba. Durante los primeros cien días de este «aperturismo», según datos de Solidaridad, 350 personas habían sido detenidas por motivos políticos y sociales. Entre ellas, miembros de grupos anarquistas catalanes como el OLLA (Organización de Lucha Armada) o militantes de grupos nacionalistas como el PSAN (Partido Socialista de Liberación Nacional). En definitiva, toda una situación que a juicio de Solidaridad demostraba la falsedad de las promesas del gobierno.
El 1 de marzo de 1974, el régimen franquista ejecutó a Salvador Puig Antich en la cárcel Modelo de Barcelona y a un polaco, Heinz Chez, en la prisión de Tarragona. En cambio, un guardia civil que había asesinado a un capitán del Cuerpo recibió el indulto. La reacción contra estas dos penas capitales se manifestó a través de telegramas y cartas de protesta, manifestaciones, concentraciones en el cementerio y reflexiones comunitarias en las parroquias. En la cárcel Modelo, cuatro presos políticos (Lozano Revuelta, Farrero Rodés, Oribes Vesges y López Gausa) fueron enviados a la celda de castigo como represalia por haber lucido brazaletes negros en señal de duelo. La Comisión de Solidaridad de Barcelona
elaboró un escrito de protesta donde explicaba cómo sucedieron los hechos, situándolos dentro de una ofensiva del gobierno contra la oposición. Según este texto, en todo el estado se habían producido detenciones de disidentes, seguidas la mayor parte de las veces por torturas en Comisaría. Entre las víctimas se encontraban sindicalistas de la Unión Sindical Obrera (USO), para quiénes el fiscal pedía 122 años de reclusión, o cuatro acusados de pertenecer al FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), que podían ser condenados a muerte. Ante semejante escalada represiva, Solidaridad se dirigía a las asociaciones de vecinos, de carácter cultural o de otro tipo, a los colegios profesionales, a los grupos de cristianos, a las agrupaciones internacionales de ayuda a España, a los comerciantes y a los ciudadanos en general. Les pedía que expresaran su repulsa visitando la tumba de Puig Antich, y ejerciendo su solidaridad económica y moral con los numerosos detenidos y represaliados. Todos debían luchar para conseguir la abolición de la pena de muerte. (14)
A pesar de su vocación unitaria, Solidaridad no pudo evitar divisiones internas. Los militantes y simpatizantes del PSUC fueron acusados de utilizar su influencia para favorecer a los presos de su propio partido, en detrimento de los pertenecientes a otras fuerzas políticas. Veamos, en este sentido, la visión que nos proporcionan los sindicalistas de USO: (El PSUC) también monopolizaba las ayudas a otros presos políticos que no fuesen de ellos, por medio de recortar las listas que salían de la prisión, o haciendo desaparecer listas ya confeccionadas.» (15)
La solidaridad degeneraba así en una herramienta para el proselitismo político. Remei Ramírez cuenta, dolorida, cómo un día unas personas a verla para comunicarle que los presos anarquistas no recibían paquetes. Alguien había eliminado sus nombres de la lista mecanografiada que a ella le entregaban, procedente del grupo de abogados. Cuando hizo averiguaciones, supo por toda justificación que anarquistas obstaculizaban la línea política del PSUC. Según ella, el responsable no fue el partido sino un militante que actuó a título personal y que más tarde fue expulsado. Con estas maniobras se pretendía que los presos de otras fuerzas políticas creyeran que los suyos no se preocupaban por ellos, mientras los comunistas sí tenían quien cuidara de ellos. Presenciar semejante comportamiento, añade Remei, la disuadió de entrar en política cuando tuvo la oportunidad. (16)
En 1975, los militantes del PSUC vinculados a Solidaridad difundieron un documento titulado «Ha llegado el momento de organizar abiertamente la solidaridad». Según ellos, el régimen franquista estaba pasando por el momento más crítico de su existencia; por esta razón, apelaba a un sólo argumento político: la represión. Una represión que había que combatir legalmente, en colaboración con diversos sectores ciudadanos como los colegios profesionales, la Iglesia o las organizaciones obreras. Entre los múltiples recursos propuestos figuraban los siguientes: 1) Suscripciones públicas en los lugares de trabajo, barrios, parroquias o asociaciones, para ayudar a familias de represaliados. 2) Actos públicos de solidaridad como castañadas, verbenas, ventas de objetos, sorteos, sesiones de cine, exposiciones, etc., que permitirían recaudar dinero y «la toma de conciencia de nuevas masas populares». 3) Difundir noticias en periódicos, revistas, libros, hojas parroquiales, etc.; realizar conferencias, mesas redondas, comentarios de película o emisiones de radio; transmisión rápida de información, aunque fuera por vía telefónica, a organismos internacionales que realizaran una actividad solidaria con España.
Otras iniciativas, sin embargo, no parecían demasiado realistas. ¿Hasta que punto resultaba viable, en la España franquista, promover una recogida de firmas con el propósito de informar a los firmantes y comprometer con el texto en cuestión a cada uno de los que aportara su carnet de identidad? También se proponía ir a ver a las autoridades para emplazarlas a asumir sus responsabilidades: «En estas entrevistas se exigen tomas de posición públicas basadas en la información que se les proporciona y en la reclamación de que realicen por su cuenta el esfuerzo de informarse directamente». ¿Qué significaba esto en la práctica? ¿De verdad se esperaba que las autoridades franquistas tomaran en serio una protesta contra el sistema represivo de su propio régimen?
Se trataba, en suma, de promover acciones solidarias a todos los niveles y a plena luz del día, sin recurrir a la clandestinidad. Una asociación de vecinos podría ser solidaria con los presos políticos si eran vecinos del barrio, una asociación cultural o deportiva sería solidaria con sus socios, o una Asamblea de Enlaces Sindicales con los compañeros de trabajo o del ramo que fueran despedidos o detenidos. Mientras no existieran libertades democráticas, la existencia de comisiones clandestinas seguiría siendo necesaria, pero éstas requerirían cada vez menos personas a medida que la actividad legal fuera creciendo. Unas acciones en las que podrían participar incluso personas no conocidas por el grupo, a las que se invitaría a colaborar en «actos legalizados con nuestra actividad», como por ejemplo: «recogida de dinero para familias de represaliados, montaje de cadenas de médicos gratuitos para familias de detenidos que están sin Seguridad Social, lavado de ropa y paquetes de sobrealimentación para los presos sin familia en libertad, localización de escuelas que acepten gratuitamente a lo hijos de los presos, ayudar a buscar trabajado adaptado a su situación y posibilidades para las familias de los represaliados.» (17)
Para el resto de los componentes de Solidaridad, la difusión del citado documento sin el conocimiento previo de la Comisión Central constituía un acto partidista que rompía el objetivo de actuar como una organización unitaria. Era, además, un grave error político porque proporcionaba información a las fuerzas represivas sobre las acciones de solidaridad realizadas, colocando en un grave riesgo a los implicados, unas personas que ya realizaban con la mayor discreción la mayoría de las acciones propuestas por los comunistas como objetivos. Desde este punto de vista, el documento de los militantes del PSUC suponía «un execrable menyspreu cap a les mesures de seguretat que s’han portat en tot moment ». La colaboración futura entre los distintos sectores de Solidaridad se veía amenazada. (18)
Finalmente, triunfó la tesis que defendía el trabajo de Solidaridad a la luz pública, sin recurrir a la clandestinidad. Sin embargo, con la muerte de Franco y la amnistía de 1977, la solidaridad con los presos políticos dejó de constituir una urgencia, pues ya existían partidos y sindicatos legales. En octubre de 1978, Solidaridad decidió autodisolverse pues su existencia, recuperadas las libertades, ya no tenía razón de ser.
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Cristianos por los derechos humanos
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Pero un panorama, por escueto que sea, de la lucha cristiana por los derechos humanos, no estaría completo sin otra organización orientada en el mismo sentido. Nos referimos al Grupo Cristiano de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, fundado en Barcelona a principios de 1970. Sus promotores fueron un conjunto de cristianos progresistas, hombres y mujeres, laicos y sacerdotes, preocupados por una constatación: buena parte de la Iglesia no siempre asumía sus responsabilidades a la hora de luchar contra las violaciones de los derechos humanos. O si reaccionaba, lo hacía tarde. Mucho antes, otros papeles, otras presencias, habían llegado a la calle condenando tal o cual vulneración de derechos, o la existencia de torturas, etc., etc. Por ello, la respuesta de los cristianos como cristianos, si se deba, siempre era «arrastrada por iniciativas diferentes que tenemos que aceptar porque no encontramos ante un dilema: o aceptamos ser arrastrados o parece, si nos negamos, que lo hacemos por miedo por motivos de oportunismo». (19)
Por estas razones, los miembros del grupo decidieron calificarlo de cristiano; no para establecer un límite que los separara de otros colectivos, sino para comprometer a todos los cristianos en la lucha en favor de la persona. No obstante, nunca pidieron a la aprobación de la jerarquía, ya que así se sentían con mayor libertad de acción. Entre los fundadores se encontraban Joan Carrera, futuro obispo auxiliar de Barcelona; Anton Cañellas, dirigente de Unión Democrática de Cataluña; el abogado Agustí de Semir, simpatizante del PSUC, así como numerosos ex-militantes de movimientos cristianos como la JOC, la ACO o el Escoltismo.
El ex-sacerdote Oleguer Bellavista señala que el grupo comenzó a crecer y a desarrollarse a raíz del proceso de Burgos, celebrado en octubre de 1970, en el que se pedía la ejecución de siete supuestos miembros de ETA. Sus miembros organizaron, con este motivo, diversas misas en varias parroquias de Barcelona. Al finalizar las celebraciones, una persona, normalmente un abogado, informaba a los asistentes de la evolución del juicio. Según Bellavista, a estos actos acudieron unas 2.000 personas a pesar del riesgo que suponía la vigilancia policial. (20)
Uno de los objetivos del grupo era informar a los miembros de la Iglesia, y a la gente de buena voluntad en general, sobre las violaciones de los derechos humanos, tanto de Barcelona y sus alrededores como del resto de España. Así, por ejemplo, informaron sobre la tragedia que sucedió en Carmona (Sevilla) en agosto de 1974 cuando un grupo de obreros, junto a mujeres y niños, cortaron la carretera para pedir agua y justicia. Un guardia civil asesinó a un hombre disparándole a pocos metros. Para difundir este tipo de noticias se empleaban diferentes medios, como las asambleas quincenales que se celebraban en el número 7 de la calle Llúria, de Barcelona. En ellas se daban a conocer hechos relacionados con movimientos huelguísticos, malos tratos en las prisiones, etc. A continuación, las cerca de cien personas que solían estar presentes realizaban un debate y sugerían acciones concretas a realizar. Con la misma finalidad, el grupo elaboraba hojas e informes que difundía clandestinamente, con tiradas de hasta 40.000 ejemplares. Una vez impreso el documento, llegaba en pocas horas a muchas parroquias de obispado de Barcelona y de otros obispados, para ser repartido a los feligreses en las misas de los domingos.
Entre sus campos de actuación figuraba la problemática de las prisiones, en vistas a denunciar los abusos de la administración contra los presos, fueran éstos preventivos o condenados. Por ello, los miembros del grupo constituyeron un «Equipo de Reforma Penitenciaria». En 1978, este equipo redactó una carta en la que solicitaba la intervención de la Corona como «garante de los derechos de la persona». Sabían que el soberano, en una monarquía constitucional, no debe tomar opciones políticas. Sin embargo, entendían que como «Jefe de la Administración» no podía permanecer ajeno a los sufrimientos que la propia Administración infería a los ciudadanos.
La petición buscaba la intervención real para impulsar medidas urgentes, medidas que evitaran «casos como el de la Prisión de Carabanchel, con un muerto, Agustín Rueda, y varios heridos por tortura. Por ello, los miembros del Grup Cristià de Promoció i Defensa dels Drets Humans pedían al monarca que ampliara información llamando a los diputados y senadores que formaban las comisiones parlamentarias que se ocupaban del tema. (21)
El Grupo Cristiano de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos se extendió por diferentes núcleos de Barcelona como Bon Pastor, Pueblonuevo o Sant Andreu de Palomar, y también fuera de la ciudad condal: Badalona, Cornellà, Molins de Rei, Gerona o Tarragona. En total, llegó a constituir cerca de 25 equipos locales.
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1. Entrevista a Remei Ramírez realizada por el autor, 6 de agosto de 1997
2. Nota informativa del 1 de noviembre de 1967. Archivo del Gobierno Civil de Barcelona, Correspondencia de Gobernadores (AGCB-CG) 118.
3. Juan Carrera a Rvdo. Sr. Barcelona, 31 de enero de 1969. Archivo Nacional de Cataluña (ANC), Fons Remei Ramírez 4.1.
4. Fernanda Romeu Alfaro, El silencio roto, mujeres contra elfranquismo, Ed. El Viejo Topo. Barcelona, 2002, p. 172..
5. Àlex Vilardell Candela, La Solidaritat amb els represaliats pel franquisme (1969-78): Les Comissions Civiques de Solidaritat de
Catalunya. Se trata de un trabajo de investigación para un curso de doctorado. Solidaridad estaba representada en la Asamblea de Cataluña con voz, pero sin voto.
6. Datos para el análisis del «Comité Cívico de Solidaridad de Barcelona». (Documento elaborado por la Unión Sindical Obrera, de
1974 o posterior). Archivo Personal de Remei Ramírez (APRR).
7. Carta a José García, firmada por varias personas. Remei Ramírez entre ellas, como secretaria de la Delegación Obrera del
Arzobispado de Barcelona. Barcelona, 27 de septiembre de 1976. Archivo de la JOC depositado en el Archivo Diocesano de Barcelona (AJAB)-465.
8. Joaquim Roglan, «El viernes, Solidaritat será memoria colectiva », Tele/eXpress, 14 de octubre de 1978, p. 11. Solidaridad de presos políticos 585
9. Vilardell, op. cit.
10. Manifiesto de las Comisiones de Solidaridad. Barcelona, 1972. AJAB-477.
12. Solidaritat, boletín nº 17, julio de 1972.
11. Solidaritat, boletín nº 25, mayo de 1974.
13. «Informe del matiz y actividades que desarrollan las personas que rigen las entidades ‘Centro Ecuménico Barcelona’ y Asociación de Cultura Occidental’». Nota informativa de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. AGCB-CG 62. Solidaridad de presos políticos 587
14. Comissió ciutadana de solidaritat. ¡Contra la Pena de Mort! ¡No a la repressió! Barcelona, marzo de 1974. AJAB-480.
15. Datos para el análisis del «Comité Cívico de Solidaridad de Barcelona, op. cit. APRR.
16. Sobre este tema, Àlex Vilardell afirma en el trabajo citado más arriba: «La difusió de les informacions facilitades pel grup d’advocats permetia a uns grups o altres ‘fer-se seus’ els encausats i incrementar a la llum pública el seu abast, donat el confús enquadrament polític del reprimit (...). Per altra banda, també, des del grup d’advocats s’establiren prioritats en funció de l’adscripció política dels represaliats, afavorint els del mateix grup amb la finalitat de consolidar la seva militància i la seva capacitat de lluita».
17. Ha llegado el momento de organizar abiertamente la solidaridad, documento firmado por «un grupo de militantes y simpatizantes del Partit Socialista Unificat de Catalunya, que trabajan para Solidaridad». AJAB-477.
18. Resposta al document titulat: «Ha llegado el momento de organizar abiertamente la Solidaridad». Hoja firmada por «membres actius de Solidaritat, militants de diverses organitzacions cristianes, politiques i sindicals». Barcelona, noviembre de 1975. AJAB-477.
19. Grup cristiá de defensa i promoció dels drets humans. Jornada d’Estudi, septiembre de 1970. AJAB 463.
20. Oleguer Bellavista, El ble que fumeja, Barcelona, Ed. Claret, 1998.
21. Carta del Equipo de Reforma Penitenciaria del Grup Cristià de Promoció i Defensa dels Drets Humans a S. M. el Rey. Barcelona, 20 de marzo de 1978. AJAB-465.
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